Giovanni Azael Figueroa Mejía

Originario de Tuxpan, Nayarit. Realizó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit (1996–2001), la Maestría en Estudios Superiores de Derecho Constitucional (2003–2004) y el Doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid (2005–2009), donde obtuvo la calificación sobresaliente cum laude por unanimidad, la máxima distinción académica

Ha realizado estancias de investigación en las universidades italianas de Perugia, Bolonia y La Sapienza de Roma, así como en la universidad francesa Sciences Po París.

Cuenta con una trayectoria académica de más de veinte años. Es autor de tres libros, cerca de cincuenta capítulos de libro y artículos especializados y coordinador de doce obras colectivas. Su obra se ha publicado en México, Argentina, Colombia, España e Italia, y en ella se ha enfocado en el estudio del Derecho constitucional, el Derecho procesal constitucional, las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los derechos humanos, las sentencias constitucionales y convencionales, los métodos de interpretación jurídica y constitucional, la influencia de la doctrina en las decisiones de los Tribunales constitucionales y el valor del Derecho comparado como herramienta para adoptar buenas prácticas extranjeras en contextos locales.

Desde 2011 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y a partir del 2020 se le reconoce como Nivel II.

Es profesor en programas de doctorado, maestría, especialidad y licenciatura en diversas universidades públicas y privadas, tanto en México como en el extranjero. Desde 2016 es académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde coordinó la Maestría en Derechos Humanos (de enero de 2016 a julio de 2022) y el Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos (de noviembre de 2023 a agosto de 2025).

En el servicio público se ha desempeñado como Secretario de Acuerdos en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit (2002), Director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Nayarit (2011–2013), Director de Derechos Humanos en el Consejo de la Judicatura Federal (2013) y Asesor en la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2014–2015).

Fue asesor en la redacción de la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial el 4 de mayo de 2018. En la Iniciativa de Reforma Constitucional al Poder Judicial, presentada el 5 de febrero de 2024, se incorporó uno de sus argumentos sobre la “presunción de constitucionalidad de la ley como criterio jurisprudencial” (p. 34, nota 44). Además, sus ideas han sido utilizadas en sentencias de la Suprema Corte mexicana, de algunos Tribunales constitucionales de Latinoamérica, de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales de las entidades federativas mexicanas.

A lo largo de su trayectoria académica y profesional, ha sostenido la necesidad de una justicia cercana a la población, menos formalista y sensible a los problemas sociales, así como el diálogo y la coordinación constante entre poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, especialmente cuando la Suprema Corte ejerce el control constitucional de leyes, reglamentos y decretos.