Sentencias relevantes en materia de Derechos Humanos: Libertad de expresión

Datos de la Sentencia:
Acción de Inconstitucionalidad 100/2017

Sinópsis

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales promovió una Acción de Inconstitucionalidad demandando la invalidez de algunos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.

El Pleno invalidó diversas disposiciones de la citada ley, toda vez que el privilegiar la lengua maya en la recepción, trámite y respuesta a las solicitudes de información establecida es contrario al principio de igualdad y no discriminación, en perjuicio de todas las personas hablantes de lengua indígena distinta a la maya.

Datos de la Sentencia:
Acción de Inconstitucionalidad 112/2017

Sinópsis

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) promovió una acción de inconstitucionalidad contra de la validez de diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.

El Pleno concluyó que limitar el derecho a la protección de datos personales por razones de seguridad nacional, al no requerir el consentimiento del titular de estos para que las instituciones públicas del Estado puedan transferirlos, es constitucional.

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 934/2016

Sinópsis

Se solicitó amparo en contra de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), debido a la negativa del INAI para ordenar el acceso a los nombres de las víctimas de cada una de las 135 averiguaciones previas concluidas sobre casos de desapariciones cometidas en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado en los años 70 y 80 y; el desacato de la PGR para cumplir la instrucción del INAI consistente en entregar las fechas de inicio y conclusión y el número de averiguaciones previas concluidas. El juez de conocimiento decidió otorgar el amparo, sin embargo, el INAI y la PGR interpusieron recurso de revisión.

La Segunda Sala determinó que no puede clasificarse con el carácter de reservado aquella información que se relaciones con violaciones graves a derechos fundamentales, pues no solo se afecta a las víctimas sino a la sociedad en general. Se ordenó entonces a la PGR entregar la información solicitada, autorizando la difusión de los nombres de las víctimas de cada una de las averiguaciones previas concluidas sobre casos de desapariciones forzadas cometidas en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos en los años setentas y ochentas.

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo 15/2016

Sinópsis

Un servidor público solicitó un amparo contra de la resolución de un tribunal unitario que consideró aplicable el estándar de la "real malicia" por los daños generados en sus derechos de la personalidad por la publicación de notas periodísticas referidas a su desempeño como servidor público y a consecuencias atribuidas a éste, a pesar de que al momento de publicarse el quejoso ya no tenía el carácter de servidor público.

La Primera Sala señaló que para que se actualicen los supuestos de la real malicia no es suficiente una mera negligencia o descuido, sino que se requiere acreditar que se tenía conocimiento o al menos duda sobre la veracidad de la información y una total despreocupación por verificarla. Asimismo, señaló que las expresiones e informaciones deben analizarse bajo el estándar de la "malicia", esto es, bajo un estándar que exige que la expresión que alegadamente causa un daño a la reputación de un servidor público se haya emitido con la intención de causar ese daño, con conocimiento de que se estaban difundiendo hechos falsos, o con clara negligencia en el control de su veracidad. El sistema de protección dual establece que las personas con proyección pública tienen la carga de la prueba de acreditar real malicia cuando demanden a los profesionales de la comunicación por daños y perjuicio, lo que implica que respecto de hechos falsos o inexactos, además debe acreditarse que se publicaron a sabiendas de su falsedad o con negligencia inexcusable. Por lo anterior, se decidió negar el amparo.

Datos de la Sentencia:
Acción de Inconstitucionalidad 38/2016

Sinópsis

La Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) promovieron una acción de inconstitucionalidad demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

El Pleno invalidó diversas porciones normativas donde se regulaban aspectos del recurso de revisión y condenó al Congreso del Estado de México a que, en el siguiente periodo ordinario de sesiones, legisle subsanar las deficiencias relativas a la procedencia del recurso de revisión. Lo anterior debido a que la regulación de los medios de impugnación, en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, correspondía a una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo 3/2016

Sinópsis

Un representante solicitó un amparo contra la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de Jalisco, que demandaba la indemnización por daño moral de la publicación en el diario de circulación estatal "La Jornada" mediante el cual se comunicó de manera eficaz, clara y suficiente al público en general, la falsedad de que la quejosa realizó pactos con el crimen organizado.

La Primera Sala señaló que la libertad de expresión y el derecho a la información son dos derechos funcionalmente esenciales en la estructura del Estado constitucional de derecho que tienen una doble faceta: por un lado, en su dimensión individual aseguran a las personas espacios esenciales para desplegar su autonomía individual, espacios que deben ser respetados y protegidos por el Estado; y por otro, en cuanto a su dimensión social, gozan de una vertiente pública, colectiva o institucional que los convierte en piezas centrales para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. Por otra parte, se sostuvo que las libertades de expresión e información alcanzan un nivel máximo cuando dichos derechos se ejercen por los profesionales del periodismo a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción, los límites de crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública. Dicho de otro modo, al ser un servidor público, en el momento en que se emitió la nota periodística materia de la litis, su umbral de tolerancia era mayor. Por ello, se negó el amparo.

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo 24/2016

Sinópsis

Un artista demando la reparación del daño moral y material por la publicación de algunas de sus fotos sin su consentimiento, por considerar que se había violado su derecho a la propia imagen al haberse difundido dichas fotografías.

La Primera Sala determinó que el derecho a la propia imagen no es susceptible de repararse a través de una indemnización por daño moral, sino que por concepto de daño material, en virtud de que el derecho a la propia imagen además de otorgar a las personas una protección frente a los usos no consentidos de su imagen provenientes de terceros, para algunas personas también es un bien que puede llegar a tener un valor económico en el mercado, por lo que es válido concluir que desde esa perspectiva, el derecho a la propia imagen debe concebirse como un derecho inmaterial susceptible de explotación comercial, cuya vulneración puede causar daños materiales a las personas, tal como ocurre en aquellos casos en los que con la finalidad de obtener algún tipo de lucro se utiliza sin el consentimiento del titular la fotografía de alguien que suele obtener ingresos económicos a través de la comercialización de su imagen. Asimismo, se señaló que en el periodismo de entretenimiento, sólo se pueden difundir imágenes de personas con proyección pública sin su consentimiento cuando se relacionan con su actividad profesional. Por lo tanto, se decidió conceder el amparo.

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 911/2016

Sinópsis

Se solicitó un amparo contra de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), debido a la negativa del INAI para ordenar el acceso a los nombres de las víctimas de cada una de las 135 averiguaciones previas concluidas sobre casos de desapariciones cometidas en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado en los años 70 y 80 y; el desacato de la PGR para cumplir la instrucción del INAI consistente en entregar las fechas de inicio y conclusión y el número de averiguaciones previas concluidas. El juez de conocimiento otorgó el amparo, sin embargo, el INAI y la PGR interpusieron recurso de revisión.

La Segunda Sala determinó que no puede clasificarse con el carácter de reservado aquella información que se relacione con violaciones graves a derechos fundamentales, pues no solo se afecta a las víctimas sino a la sociedad en general. Se decidió que el INAI ordene a la PGR, entregar la información solicitada, autorizando la difusión de los nombres de las víctimas de cada una de las averiguaciones previas concluidas sobre casos de desapariciones forzadas cometidas en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos en los años setentas y ochentas.

Datos de la Sentencia:
Acción de Inconstitucionalidad 84/2015

Sinópsis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), promovió una acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de diversos artículos de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, argumentando que dichos preceptos transgreden el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de trabajo, al desproteger a ciudadanos que desean buscar y difundir informaciones y opiniones, toda vez que establece requisitos para acreditarse como periodista que son innecesarios, injustificados y discriminatorios, y diferencia entre periodista y colaborador periodístico.

El Pleno determinó que es inválida la fracción XI del artículo 5 de la Ley en referencia que define lo que debe entenderse por libertad de expresión, pues los congresos locales carecen de atribuciones para establecer definiciones de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal. Además, se reconoció la validez de las fracciones III y XVII del artículo 5 de la citada ley, en virtud de que la determinación de los sujetos protegidos por la ley no vulnera la libertad de trabajo, pues no se hace una diferencia injustificada o discriminatoria entre periodista y colaborador, al observarse que en la definición de periodista, si bien se establece como requisito para su protección, el ejercicio de la libertad de expresión e información como actividad permanente y que acredite experiencia, estudios o título profesional, todos aquéllos que no estén contemplados bajo este supuesto normativo encuentran abrigo a la luz del concepto de colaborador periodístico, por lo que la protección de sujetos es muy amplia.

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 622/2015

Sinópsis

Un escritor, periodista y poeta náhuatl, se amparó en contra del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) debido a que dicho precepto establece que las radiodifusoras comerciales harán uso del idioma nacional, limitando el uso de las lenguas originarias a las concesionarias indígenas. Lo anterior se consideró que transgrede su derecho a la libertad de expresión, a participar en la vida cultural y a la no discriminación, así como los derechos de las comunidades indígenas.

La Primera Sala determinó que aún cuando la finalidad del ejercicio legislativo era promover el desarrollo y preservación de lenguas indígenas, su intención no puede alcanzarse, derivado a que la norma impugnada pone un ámbito acotado y diferenciado para el ejercicio de los derechos lingüísticos en los medios de comunicación, en lugar de brindar espacios adicionales a los pueblos indígenas para preservar y difundir sus lenguas originarias. En este sentido, se determinó que la restricción arbitraria del artículo 230 de la LFTR, viola el derecho a la libertad de expresión, derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho de participar en la vida cultural y, transgreden los derechos de las comunidades indígenas a la libre determinación, a la autonomía, a preservar y enriquecer sus lenguas originarias, conocimientos, cultura e identidad de los miembros de una comunidad indígena.