Sentencias relevantes en materia de Derechos Humanos: Libertad de expresión

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 622/2015

Sinópsis

Un escritor, periodista y poeta náhuatl, se amparó en contra del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) debido a que dicho precepto establece que las radiodifusoras comerciales harán uso del idioma nacional, limitando el uso de las lenguas originarias a las concesionarias indígenas. Lo anterior se consideró que transgrede su derecho a la libertad de expresión, a participar en la vida cultural y a la no discriminación, así como los derechos de las comunidades indígenas.

La Primera Sala determinó que aún cuando la finalidad del ejercicio legislativo era promover el desarrollo y preservación de lenguas indígenas, su intención no puede alcanzarse, derivado a que la norma impugnada pone un ámbito acotado y diferenciado para el ejercicio de los derechos lingüísticos en los medios de comunicación, en lugar de brindar espacios adicionales a los pueblos indígenas para preservar y difundir sus lenguas originarias. En este sentido, se determinó que la restricción arbitraria del artículo 230 de la LFTR, viola el derecho a la libertad de expresión, derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho de participar en la vida cultural y, transgreden los derechos de las comunidades indígenas a la libre determinación, a la autonomía, a preservar y enriquecer sus lenguas originarias, conocimientos, cultura e identidad de los miembros de una comunidad indígena.

Datos de la Sentencia:
Acción de Inconstitucionalidad 87/2015

Sinópsis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad demandando la invalidez de diversos preceptos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, argumentando principalmente la violación a la libertad de expresión.

El Pleno señaló que la determinación de la calidad de periodista, para efectos del acceso a mecanismos jurídicos de protección en caso de riesgo o ataque, debe depender del carácter informativo de las actividades que realiza el sujeto y no de elementos contingentes como la permanencia, remuneración, afiliación gremial o profesionalización de la actividad. No es constitucionalmente admisible exigir que el periodista pertenezca a un medio de comunicación, ni tampoco puede condicionarse la protección a través del acceso a los mecanismos administrativos a un "alto riesgo", sino que basta con que sea real e inmediato y esté relacionado con, o derive de la actividad periodística.

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 422/2015

Sinópsis

Una persona solicitó que fuera juzgado por instancias federales derivado de las agresiones que alegó haber sufrido a mano de las autoridades municipales de Seyé, Yucatán, en el desempeño de su labor periodística, sin embargo, le fue negado porque no acreditó trabajar para ningún medio de comunicación.

La Primera Sala consideró que cualquier definición del término periodista debe partir del contexto de inseguridad que enfrentan los comunicadores en el ejercicio de su actividad. Por lo tanto, los mecanismos de protección de periodistas deben incorporar a todos aquellos que, de alguna manera, cumplan con la función de informar a la sociedad. Por tanto, se determinó que no es necesario que una persona acredite trabajar para algún medio de comunicación o que presente un título profesional para justificar su carácter de periodista. Esto es, que el periodismo debe calificarse desde una perspectiva funcional, atendiendo a las actividades que comprende y al propósito al que sirve: informar a la sociedad. Es por ello que se determinó que la víctima desempeña regularmente funciones periodísticas y en este sentido revocó el fallo del tribunal, para que las acusaciones del periodista sean enjuiciadas en tribunales federales.

Datos de la Sentencia:
Acción de Inconstitucionalidad 113/2015

Sinópsis

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovieron una acción de inconstitucionalidad contra diversos preceptos del Código Penal del Estado de Nayarit que se refieren en especifico al delito de calumnia, debido a que dichas disposiciones atentan contra la libertad de expresión y el principio pro persona, porque limita de manera excesiva el derecho de acceso a la información.

El Pleno consideró que la norma impugnada tiene un impacto desproporcional sobre un sector de la población: el gremio periodístico. Al criminalizar la divulgación de la información que pudiera estar contenida en otras fuentes periodísticas o simplemente reproducir un hecho notorio, es claro que uno de los sujetos destinatarios de la norma podrían ser los periodistas, quienes tienen como función social la de difundir información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que la norma termina teniendo un efecto inhibidor de la tarea periodística. Así, se resolvió que resultan inconstitucionales los preceptos del Código Penal en referencia.

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo en Revisión 3619/2015

Sinópsis

El caso se originó debido a los alegatos de una persona quien argumentaba haber sufrido un daño moral derivado de su aparición en un documental denominado "Presunto Culpable".

La Primera Sala concluyó que la aparición de una persona en el documental correspondiente, no es constitutiva de daño moral porque la información relativa al supuesto afectado está relacionada directamente con el interés público relacionado a conocer cómo se tramitan y resuelven los asuntos en materia penal en nuestro país. De igual forma, se señaló que, en términos del artículo 20 de la Constitución Federal, el proceso penal debe estar orientado a materializar bienes constitucionales esenciales como son el derecho a la verdad, la presunción de inocencia lato sensu, el combate a la impunidad y la reparación del daño ocasionado por la comisión del delito, de manera que la sociedad en general tiene interés en conocer cómo se tramitan y resuelven los asuntos en materia penal en nuestro país.

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo en Revisión 2931/2015

Sinópsis

Un candidato a la designación de Secretario General para el Sindicato Minero, promovió un amparo, debido a la difusión en diversos medios de comunicación de la negativa de ocupar el cargo público por órdenes de aprehensión que tenía en su contra, alegando que se consideraron indebidamente que las publicaciones impugnadas no le habían causado un daño moral al no contener insultos, injurias o agravios, ya que únicamente tenían como finalidad el informar a la sociedad de un asunto de relevancia pública. El candidato argumentó que las publicaciones no atendieron los límites a la libertad de expresión, por lo que, era evidente que esto derivaba en una afectación a su patrimonio moral.

La Segunda Sala determinó que el derecho a la información obliga a las autoridades a hacer pública toda aquella información que sea considerada de interés público y que pueda trascender a la vida y al ejercicio de los derechos de las personas, por lo que la información que difundió la Secretaría estaba justificada. Por lo anterior, se negó el amparo.

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo 48/2015

Sinópsis

Una persona moral promovió amparo directo en contra de determinación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, consistente en una infracción por la publicación en una revista de una fotografía tomada del cunero de un hospital de una menor, pues se argumentó que se trató de una violación al derecho humano a la imagen de la menor.

La Segunda Sala determinó que el derecho a la imagen sí es parte del derecho de autor. La Ley Federal del Derecho de Autor busca no únicamente proteger al autor de cualquier tipo de obra, como de forma enunciativa y limitativa lo dice su título, sino también a todos aquéllos que intervienen en el proceso de producción, distribución y mercado de bienes, en relación con el público en general. Asimismo, se busca salvaguardar la transgresión del derecho a la imagen al hacer uso de la imagen de un individuo sin su consentimiento, ya que, en caso de hacerlo, se generaría la infracción administrativa respectiva. Por lo anterior, se negó la protección constitucional solicitada.

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo en Revisión 1105/2014

Sinópsis

Un ex funcionario del Ayuntamiento de Monterrey hizo una denuncia por difamación en su contra debido a una difusión de una nota periodística en donde lo implicaban con actos de corrupción durante su gestión. Una vez que se llevó a cabo el proceso, fue condenado a una pena de seis meses de prisión y al pago de una multa. El inculpado promovió un juicio de amparo, cuyo argumento principal, fue la violación a los derechos de libertad de expresión y de imprenta, el cual le fue otorgado, sin embargo, el ex funcionario como parte tercero interesado, promovió la revisión con la finalidad de responder si el interés público, ligado a la libertad de prensa, está limitado o condicionado a que, quien emite el mensaje de que se trate, esté en ejercicio de alguna labor periodística y a que no se traiga información del pasado.

La Primera Sala determinó que, si bien los medios de comunicación constituyen el canal, la caja de resonancia, de las opiniones que los ciudadanos emiten con relación al comportamiento de los funcionarios públicos, sería absurdo pensar que la libertad de expresión es un coto exclusivo de periodistas, pues ello supondría que ellos y sólo ellos tendrían la potestad de alzar la voz para opinar, cuestionar o disentir sobre las acciones y decisiones de la autoridad. De manera que, el ejercicio de la libertad de expresión no está sujeto a la temporalidad de los hechos o de las opiniones de que se trata, ya que ese factor nada tiene que ver con los propósitos últimos del ejercicio de la libertad: coadyuvar con la formación de la opinión pública. Así que, cuando un tribunal decide un caso de libertad de expresión, imprenta o información, está afectando no solamente las pretensiones de las partes en un litigio concreto, sino también el grado al que en un país quedará asegurada la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, todo ello condición indispensable para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa.

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo en Revisión 2244/2014

Sinópsis

La Procuraduría Federal del Consumidor promovió una acción contra la empresa Adidas de México, argumentando que dicha empresa llevó a cabo conductas ilícitas consistentes en la emisión de publicidad engañosa en medios públicos televisivos y electrónicos, al efectuar declaraciones infundadas y sin sustento científico. Tanto en primera como segunda instancia se absolvió a la empresa úes la Procuraduría no aportó el material probatorio que acreditara que la publicidad difundida por el proveedor era engañosa.

La Primera Sala resolvió revocar la sentencia recurrida al considerar que cuando se trata de afectación de derechos de los consumidores al aducir que la publicidad o información difundida por el proveedor es engañosa, es el proveedor quien debe desvirtuar los indicios aportados por los consumidores y comprobar que la información es exacta, toda vez que es el proveedor el que se encuentra en una situación de ventaja frente al consumidor, conocer la eficacia del producto ofrecido y cuenta con la información para aportar los elementos de prueba necesarios para demostrar que su publicidad no induce al error o genera un daño o perjuicio al consumidor. Con esta resolución se pretende salvaguardar los derechos previstos en el artículo 28 constitucional en relación con la protección al consumidor.

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 492/2014

Sinópsis

Una periodista impugnó el artículo 398 Bis del Código Penal del Estado de Chiapas debido a que es violatorio de los derechos de libertad de expresión y el derecho a la información, pues busca inhibir y criminalizar el ejercicio de búsqueda y difusión de información sobre actividades desplegadas por las fuerzas de seguridad.

La Primera Sala señaló que los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información no sólo protegen libertades necesarias para la autonomía personal de los individuos, sino también pretenden proteger y garantizar un espacio público de deliberación política. La existencia de una norma que penalice de entrada la búsqueda de información puede constituir un efecto amedrentador en el periodista, puesto que, al margen de que no se compruebe su responsabilidad, el simple hecho de ser sometido a un proceso penal puede claramente disuadirlo de cumplir con su labor profesional, ante la amenaza real de ser sometido a uno o varios procesos. Por tanto, se consideró que la mera existencia de dicha ley afectaba al periodista en su labor profesional y se declaró el artículo inconstitucional pues la descripción de la conducta punible no cumple con el principio de taxatividad, entre otras razones, porque impide que los ciudadanos tengan certeza sobre el debate público en el que pueden participar y porque aplica para cualquier tipo de delito sin importar su gravedad.