Sentencias relevantes en materia de Derechos Humanos: Personas migrantes

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo en Revisión 2556/2011

Sinópsis

Una hombre impugnó la constitucionalidad del artículo 138 de la Ley General de Población, pues considera que vulnera el principio constitucional de proporcionalidad de la pena al fijar como sanción mínima 8 años de prisión y multa de 5000 días de salario mínimo, al que cometa el delito de tráfico de indocumentados, argumentó que la pena señalada es desproporcional, ya que no guarda relación con el bien jurídico tutelado que es el control de los flujos migratorios a cargo de las autoridades administrativas.

La Primera Sala señaló que de acuerdo a sus criterios, se advierte que el cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad implica que al fijar el alcance de una garantía individual por parte del legislador debe: a) perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; b) ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido; c) ser necesaria; y, d) estar justificada en razones constitucionales. Por ello, es evidente que el precepto citado en la sentencia de inconstitucional no transgrede el principio de proporcionalidad entre el delito y la pena, pues el bien jurídico tutelado no es sólo el control de flujos migratorios, sino además, la salud pública, los derechos humanos de los inmigrantes y el respeto al orden jurídico y seguridad nacional.